La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia declaró la noche de este miércoles impróspera la solicitud que realizó la defensa del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, de revocar la medida de aseguramiento en su contra.

La Sala consideró que la defensa no logró demostrar la violación de garantía alguna ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas realizada por el Fiscal Primero Delegado ante la Corte.

En pocas palabras, el mandatario antioqueño seguirá privado de la libertad.

Respuesta del Gobernador

Ante la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa emitió el siguiente comunicado:

1. Con estupor, como estoy seguro ha recibido Antioquia y el país que se ha pronunciado casi unánimemente en contra de la medida, he recibido la decisión de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia de declarar “Impróspera” nuestra solicitud de revocar la medida de aseguramiento que me impuso la Fiscalía General de la Nación.

2. Sorprende que los dos magistrados de la Sala Especial de la CSJ no hayan atendido, ni los argumentos contundentes de la defensa, ni el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación que nos daba la razón.  

3. Agradezco los miles de mensajes de apoyo que he recibido de todos los rincones de Antioquia y de Colombia, así como de otros lugares del mundo, en el transcurso de esta detención arbitraria, y los que sigo recibiendo con motivo de esta nueva injusticia.

4. Esta medida inaudita me mantiene alejado de mi responsabilidad como Gobernador de Antioquia, lo cual, además de violentar mis derechos y los de los antioqueños, me produce un dolor adicional, pues me impide liderar los esfuerzos del departamento en la lucha contra el Covid-19, en el momento más crítico.  

5. Envío al gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, al equipo de gobierno, al alcalde de Medellín, a los demás alcaldes y alcaldesas, y a todo el pueblo antioqueño mi voz de esperanza y fortaleza, para que continúen con el trabajo articulado. Unidos saldremos adelante.

6. El viernes 17 de julio a las 9:30 am, en rueda de prensa virtual, citada para ese efecto, daré las declaraciones pertinentes sobre la decisión de la Corte.

7. Mi voluntad y mi fe siguen intactas y pido a todos los que me acompañan perseverar en la confianza de que al final prosperarán la verdad y la justicia.    

El caso de Gaviria

Recordemos que el pasado 5 de junio, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento a Aníbal Gaviria, después de que fue capturado por la Fiscalía General de la Nación, por estar  vinculado a una investigación por irregularidades de contratación.

Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

"El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia. Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros", indicó en un video el fiscal general Francisco Barbosa.

"Aun cuando hubiese delegado la función de contratar debía ejercer la vigilancia y control de la delegación", anotó el jefe del ente acusador.

Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos. La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública.

Una, representó cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).